En este capítulo, luego del anuncio de la instauración de las mesas de diálogo y la tranquilidad de los habitantes que permanecían en paro, la empresa trasnacional junto a las autoridades nacionales y municipales, ordenan el desalojo de campesinos y pescadores que estaban en el área donde defendían el río y la vida de manera pacífica. Mientras tanto, la fuerza pública no permite el ingreso de los medios de comunicación y los representantes de derechos humanos a la zona donde se planea el desalojo. Finalmente, los habitantes legítimos de la cuenca Alta del Río Magdalena son expulsados con el uso de fuerza desproporcionada, siendo desconocidos por los entes territoriales y la Policía Nacional.