81 pueblos indígenas de Colombia practican todavía, en mayor o menor grado de conservación, sus formas propias de administrar justicia. Delito y castigo son para ellos conceptos y ejercicios diferentes, muchas veces opuestos a los de la sociedad mayoritaria. Después de 11 años de una nueva Constitución Política que obliga a reconocer y proteger la supervivencia cultural de estos pueblos, las contradicciones entre ambos sistemas jurídicos dejan interrogantes sobre la capacidad del Estado y de la misma sociedad colombiana, para aceptar la autonomía de quienes ofrecen alternativas a una nación que no encuentra aún el camino de su felicidad. El fuete, el cepo y el pago material por las ofensas se convierten en sanciones de tal significado que, tal vez, el espectador decida revisar sus propias ideas sobre la justicia.